La ofensiva de la oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se concretó este jueves con la presentación de una Acusación Constitucional (AC) que busca establecer responsabilidades políticas por las controvertidas rebajas de penas concedidas a pederastas y agentes de la dictadura sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
El documento se estructura en tres capítulos, mediante los cuales los legisladores buscan fundamentar las presuntas infracciones cometidas por el secretario de Estado. Los apartados fueron titulados: "Capítulo I: Las rebajas que la ley prohibía"; "Capítulo II: Tres agentes de la dictadura en libertad" y "Capítulo III: La información ante el Congreso".
El primer apartado concentra las críticas en los 56 beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Para respaldar sus cuestionamientos, los diputados identifican 22 decretos y sostienen que "ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva".
La segunda arista apunta a la disminución de las condenas de tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Según plantea la acusación, el Ministerio de Justicia habría omitido una evaluación individual de los antecedentes de cada condenado, pese a que la Constitución y los tratados internacionales establecen criterios que deben considerarse antes de conceder este tipo de beneficios.
Entre los elementos que, a juicio de los parlamentarios, debieron ser examinados están la colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, sus eventuales aportes a la reparación de las víctimas y las consecuencias que podría generar su liberación para quienes sufrieron los crímenes.
"La ley le encarga otorgar o rechazar el beneficio, su ley orgánica le encarga revisar la normativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y su ministerio rechazó estas rebajas en 2025", sostiene el documento.
El tercer capítulo traslada el cuestionamiento al terreno de las relaciones institucionales. En concreto, los diputados acusan a Rabat de haber entregado antecedentes incompletos a la Comisión de Constitución del Senado durante las instancias en que debió explicar las decisiones adoptadas por su cartera.
El texto plantea que la conducta del ministro también comprometería sus deberes en el ejercicio del cargo y advierte que "no hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos".
Uno de los parlamentarios que suscribió la acusación, el socialista Juan Santana, defendió la presentación del libelo y aseguró que existen antecedentes suficientes para responsabilizar constitucionalmente al titular de Justicia.
"Tenemos la firme convicción de que el ministro Fernando Rabat vulneró nuestra Constitución y leyes de la República. Lo hizo porque le rebajó la condena a autores de crímenes contra menores de edad, violadores y pedófilos, aun cuando la ley es expresa en prohibir aquello", afirmó, según consignó Emol.
Santana también apuntó a las decisiones relacionadas con los tres exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos, argumentando que la concesión de estos beneficios desconocería las restricciones y estándares establecidos por organismos nacionales e internacionales.
A ello sumó las explicaciones que Rabat entregó ante el Congreso, pues según el parlamentario, el ministro habría distorsionado los antecedentes sobre las actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Justicia.
"El ministro Rabat le mintió al país y al Congreso Nacional cuando acudió a la Comisión de Constitución del Senado y a la sesión especial convocada por esta Cámara de Diputados para pedirle explicaciones por estas conductas, distorsionando por completo las acciones y los actos administrativos que realizó el ministerio que a él le corresponde dirigir", agregó.
Finalmente, el diputado emplazó al presidente José Antonio Kast a tomar una decisión sobre la continuidad del titular de Justicia, pues "el ministro Rabat no puede continuar en el cargo y si el presidente Kast no pide su renuncia, vamos a ser los parlamentarios quienes en uso de nuestras facultades fiscalizadoras, lo vamos a acusar constitucionalmente".
